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Diputada Hernando manifestó su preocupación por insuficiente presupuesto para Tribunal Ambiental de Antofagasta

Diputada Hernando manifestó su preocupación por insuficiente presupuesto para Tribunal Ambiental de Antofagasta

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Según el proyecto de Ley de Presupuesto 2018 la institución recibiría más de $420 millones menos de lo proyectado para su funcionamiento durante el próximo año, lo que corresponde a una disminución del 20,6%. Ministros recurrieron a la parlamentaria ante imposibilidad de alcanzar metas esperadas.

Su inquietud manifestó la diputada Marcela Hernando (PR) ante la disminución presupuestaria que hizo el Ministerio de Hacienda respecto a la proyección 2018 del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta. La Dirección de Presupuesto (DIPRES) de la mentada cartera asignó un total de M$1.622.463 al organismo, lo que representa M$421.866 menos de lo solicitado formalmente por los magistrados (M$2.044.329), quienes anticipan un impacto en la capacidad fiscalizadora del organismo.

Proyecto

“Este es un tribunal que recién comienza y esperamos mucho para su funcionamiento; tiene una amplia jurisdicción a cargo, por ello cada recurso que sea recortado del presupuesto y que es parte de la planificación del trabajo de los expertos complica los objetivos que quiere alcanzar la entidad. Por ejemplo, uno de los primeros casos más emblemáticos que va a recibir es el de Minera Domina. Por lo anterior no me parece bien que el Ministerio de Hacienda haya recortado todos los fondos disponibles para estudios, asesorías, peritajes y fiscalización”, lamentó Hernando, quien recibió a los ministros titulares encabezados por su presidente, el abogado Daniel Guevara.

En su presentación a la congresista los profesionales detallaron que la reducción presupuestaria, tanto en los ítems de gastos en personal (M$71.082); bienes y servicios de consumo (M$307.151); y adquisiciones  de activos no financieros (M$43.633), genera una fuerte complicación en el despliegue del ejercicio jurisdiccional, “limitando un adecuado ejercicio de trabajo de los ministros, el personal contratado y las tareas requeridas de estudios, peritajes, solicitudes de informes de especialistas en derecho y científicos requeridos por las causas que se tenga a la vista por el Primer Tribunal Ambiental”, reza un informe de la institución que explicita la problemática.

Planes

Entre las acciones planificadas para el año 2018 que serían financiadas por las glosas descritas se cuenta el desarrollo de un Sistema de Información Ambiental Jurisdiccional y un plan integral de capacitación para el personal recientemente contratado, iniciativas que no podrían hacerse realidad debido a las limitaciones económicas.

“Eso me parece tremendamente grave, y vamos a tomar todas las acciones que sean pertinentes de conversar con el ministro, de hacer las presentaciones, representar esta preocupación en la discusión del presupuesto que viene a fines de noviembre”, advirtió Hernando, quien en su momento bregó insistentemente por la instalación del Tribunal, tras cuatro años de retraso en su puesta en marcha.

El Primer Tribunal Ambiental, destinado para las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Atacama; y Coquimbo, fue constituido según Decreto N° 24 el 8 de junio del 2017, realizándose la instalación el día 03 de julio e iniciando jurisdicción el día 04 de septiembre del 2017.


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