Más de 14 mil personas viven hoy en la comuna altiplánica, debiendo viajar hasta Calama para concretar cualquier tipo de diligencia relacionada con el acceso a justicia. Unas 2.000 causas anuales se originan en la ciudad

Hasta la Corte Suprema llegó la diputada Marcela Hernando para reunirse con el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmestch, en orden a representarle el gran incremento poblacional que ha sufrido la turística comuna. En la ocasión las autoridades analizaron el alto número de casos de violencia intrafamiliar que afecta a la zona, afectando doblemente a la población femenina la distancia para acceder a servicios legales del Estado.

La parlamentaria radical advirtió que en estos casos de aislamiento geográfico la legislación para proteger a la familia queda en la práctica como letra muerta. “Empezamos a hacer sensibilización con una serie de autoridades; del Ministerio de Justicia; el Ministerio de la Mujer, y finalmente conseguimos que todo el mundo fuera comprendiendo la necesidad de tener un juzgado que hiciera más accesible esta y otras leyes, porque pasa lo mismo con una serie de otros cuerpos legales”, señaló la legisladora, quien integra la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara Baja.

Proceso

Fue en el mes de junio que la Corte de Apelaciones de Antofagasta solicitó formalmente a la Corte Suprema adoptar medidas administrativas para poder dotar a San Pedro de un juzgado mixto, es decir de  Letra, Familia y Garantía. El mismo mes el Tribunal Pleno de la Corte Suprema dispuso encomendar al Consejo Superior de la Corporación Administrativa la evaluación de la factibilidad para promover ajustes y/o modificaciones en la estructura orgánica de los tribunales de todas las jurisdicciones del país, con excepción de las Cortes de Apelaciones, para racionalizar los recursos destinados a las dotaciones y cargas de trabajo del ministerio público.

“Nos interesa decir que la idea es que hayan recursos frescos, porque sabemos que existe el rumor de que se le quiere quitar a otra comuna un juzgado que tendría menos volumen de trabajo para llevarlo a San Pedro y nosotros pensamos que esa no es la forma, porque eso despojaría a otro lugar que también es rural, que también tiene los mismos problemas de acceso a la justicia”, reflexionó Hernando.

Violencia Intra-Familiar

Fue en una actividad parlamentaria desarrollada con el apoyo del municipio, a través del programa social Paunacota y Yaalir, que la diputada recibió la inquietud de las mujeres de la comuna, quienes en el marco de una conversación sobre la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar evidenciaron la falencia en la institucionalidad jurídica para ahondar en sus denuncias. La congresista logró la aprobación en la Cámara Baja de un proyecto de acuerdo respecto al tema.

 

Descentralización Justicia VIF