Entre 1973 y 1990 el gobierno castrense publicó 57 leyes, 80 decretos y 27 decretos con fuerza de ley de carácter secreto o reservado. Una de las normativas que sigue vigente es la Ley Reservada del Cobre, creada en 1958 bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y modificada en 1973 y en 1985 por Augusto Pinochet.

Con 65 votos a favor, 23 votos en contra y 11 abstenciones la Cámara Baja aprobó el proyecto de acuerdo presentado por la diputada Marcela Hernando (PRSD) para pedirle al Ejecutivo la suspensión de la categoría de “secretos” a una serie de cuerpos jurídicos promulgados sin intervención ni conocimiento de la ciudadanía. La medida apunta al período dictatorial comprendido entre los años 1973 y 1990, pero también busca evitar similar procedimiento para épocas posteriores.

Ley Reservada del Cobre

La congresista por el Cuarto Distrito detalló que en el marco de su gestión parlamentaria tuvo que esperar alrededor de dos semanas para poder acceder a la Ley Reservada del Cobre, uno de los cuerpos legales relacionados directamente con la distribución económica de ganancias de Codelco, y que ha significado una transferencia de casi US$ 12.000 millones a las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años. “Finalmente me informaron que (la ley) estaba en la Comisión de Defensa, en una caja fuerte, y allí me pasaron una carpeta y tuve que revisarla sin celular en la mano; no podía tomarle ni una foto ni una imagen, y siendo vigilada permanentemente por el secretario de la Comisión”, indicó Hernando.

Vigencia

En su fundamentación, el proyecto señala que la Constitución Política reconoce en su artículo octavo la posibilidad de que algunos actos de gobierno tengan el carácter de secretos o reservados, detallando que “sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

El documento enfatiza, no obstante lo explicado anteriormente, que la disposición Cuarta Transitoria de la Carta Fundamental establece que las leyes secretas previamente dictadas a la vigencia del mencionado artículo octavo deben entenderse vigentes, aunque no hayan sido aprobadas con quórum calificado en su oportunidad, lo que implica que muchas leyes secretas o reservadas se encuentran vigentes. “A mí me parece que dado el nivel de desarrollo que tiene nuestro país y la maduración de la democracia yo creo que esto ya no puede seguir existiendo”, advirtió Hernando, quien pormenorizó que entre 1973 y 1990 la Dictadura Militar promulgó 57 leyes, 80 decretos y 27 decretos con fuerza de ley de carácter reservado.

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