Parlamentaria llamó a organismos públicos a fiscalizar el correcto funcionamiento del establecimiento y así evitar que el Estado asuma costos que corresponden al operador del penal. Hasta abril la empresa excedía en más de seis veces el máximo de derivaciones anuales

Un incumplimiento de requisitos mínimos de atención en salud para los reclusos de la cárcel concesionada de Antofagasta advirtió la diputada Marcela Hernando (PR), quien aseveró que las derivaciones que hace el penitenciario para atender a los internos en el Hospital Regional inciden en la sobrecarga de la capacidad del recinto médico, además de constituir un traspaso de costos que no debería afrontar el Estado. La parlamentaria envió solicitudes de fiscalización a una serie de organismos públicos entre los que se cuentan el Ministerio de Obras Públicas (MOP); la Seremi de Salud y el Servicio de Salud (SSA).

Contrato

“Esto nació de la inquietud que teníamos respecto de los servicios de salud que reciben los internos de la cárcel por las derivaciones que hacen al hospital regional y nos hemos encontrado con una serie de sorpresas que tiene que ver con la cantidad de cosas que están comprometidas en el contrato de concesión respecto de los internos”, lamentó la congresista, señalando una serie de condiciones estipuladas en las bases de licitación que no han sido respetadas por la sociedad concesionaria y que deben ser exigidas por el MOP como contraparte de la empresa.

Derivaciones

Entre los requisitos se encuentran contar con una unidad de salud con servicio de urgencia permanente; atención continua a nivel primario; acceso a todas las especialidades; atención para discapacitados y un médico de llamada en casos de urgencia. Hernando indicó además que las bases establecen un número máximo de 50 atenciones externas al año, constatando mediante estadísticas del Servicio de Urgencia del Hospital Regional que en 2016 la cifra asciende a 310 salidas sólo desde enero hasta abril.

Fiscalización

Hernando, quien pertenece a la Comisión de Salud de la Cámara Baja, envió además comunicaciones oficiales solicitando a la autoridad sanitaria y al SSA fiscalizar el actuar del penal. En el primer caso en atención a que hay una serie de programas de prevención de salud y salud sexual (VIH) que deberían realizarse óptimamente en el recinto, así como también el manejo de residuos sólidos y de agua potable. Todos aspectos que competen a la Seremía de Salud.

Jornadas

Respecto a las competencias del SSA, y en atención a la escasez de médicos especialistas, la diputada radical llamó a cautelar que no exista duplicidad de jornadas contratadas en horario diurno para el Servicio de Salud y para la Cárcel concesionada. “Hay una serie de enfermedades, por ejemplo, que son garantías GES, que deberían ser satisfechas en la cárcel y otras que deberían ser vigiladas en conjunto con la red sanitaria de la región”, explicó la médico cirujano.

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