Licenciados en derecho son obligados por ley a trabajar durante seis meses en forma exclusiva y gratuita para instituciones públicas con el fin de recibir su título definitivo. Hoy, por un dictamen de Contraloría, la Junaeb les retiró el beneficio de transporte mientras realizan sus prácticas.

Una situación abiertamente discriminatoria contra los egresados de derecho a nivel nacional representó formalmente la diputada Marcela Hernando (PR) ante la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y la Contraloría General de la República, luego de que el último organismo dictaminara la improcedencia de entregar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) a los futuros abogados. Hoy la Cámara de Diputados aprobóen forma unánime un proyecto de acuerdo de la legisladora que le pide al ejecutivo restituir la rebaja en el pasaje para los afectados.

Fue precisamente a consulta de un particular que la Contraloría General de la República respondió mediante el dictamen N ° 21.272 del 18 de marzo del 2016, el que indica que la TNE es un beneficio sólo para quienes tengan la calidad de alumnos regulares de alguna Casa de Estudios, y que los aspirantes no cumplen esa condición.

Carrera

En su oficio destinado al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, la diputada Hernando explica que a diferencia de otras carreras que mantienen mecanismos de práctica profesional no remunerada durante la época académica, el artículo N° 523 del Código Orgánico de Tribunales exige cursar una práctica de dedicación exclusiva durante seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial, labor que los egresados deben realizar una vez obtenida su licenciatura en derecho, razón por la cual pierden el vínculo con sus respectivos planteles universitarios. Una vez finalizado este período es la Corte Suprema la que entrega el título profesional. “Por lo tanto no existe un vínculo con la universidad, y este dictamen, entonces, los deja en el limbo, sin ningún tipo de beneficio”, expresó la congresista.

Sin remuneración

En la fundamentación de su proyecto de acuerdo para que el ejecutivo busque los mecanismos que restituyan la TNE a los afectados, la legisladora apunta que sólo en la región Metropolitana se asignan más de 2.000 prácticas profesionales anualmente.

“Durante estos 6 meses los postulantes deben trabajar sin recibir remuneración alguna por su labor, así también, carecen de algún seguro que los cubra en caso de accidentes, es decir, se encuentran completamente desprotegidos durante el desempeño de sus labores. A esto debemos agregar los gastos en los que deben incurrir los mismos postulantes, tanto en locomoción como en alimentación”, asevera la iniciativa.

Mecanismo

En adición a sus gestiones, Hernando solicitó mediante un oficio parlamentario a la JUNAEB que modifique la circular N° 0846 sobre los requisitos para otorgar la TNE en el sentido de incluir una letra d) en el punto 2, que indique lo siguiente: “En el caso de egresados de derecho que cumplan su práctica profesional en corporaciones de asistencia judicial u otras instituciones relacionadas, deberá ser el órgano dependiente del Poder Judicial el que certifique la calidad de la práctica profesional”, mecanismo que podría garantizar la restitución de la rebaja en el pasaje de los egresados.

Contraloría JUNAEB