El Gobierno de la Presidenta Bachelet pidió a los diferentes sectores políticos retomar luego del 30 de noviembre la derogación de la Ley Reservada del Cobre.

La diputada por la Región de Antofagasta, Marcela Hernando (PR), valoró que el Ejecutivo se abriera la posibilidad de terminar con la Ley Reservada del Cobre, una discusión que se instaló en la agenda pública en las últimas dos semanas y que podría ser analizada en el Congreso luego de la aprobación del presupuesto de la nación del próximo año.

La parlamentaria indicó que la solicitud del Ministro del Interior, Mario Fernández se entiende, “ya que estamos empezando a discutir el presupuesto de este año, y que el Gobierno prefiera postergar la discusión para después de aprobado el presupuesto y no crear expectativas respecto de qué se podría modificar algo relacionado con los recursos que son entregados a las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, advirtió al Ejecutivo que espera que cumpla lo que está solicitando. “Quiero que se derogue esta ley, porque además no deben seguir existiendo leyes reservadas y secretas que permitan arbitrariedades sin que las pueda siquiera conocer la Contraloría”, manifestó Hernando.

Proyecto presentado el 2011

Según publicó el Senado, el 20 de Mayo de 2011 ingresó al Congreso el proyecto originado en Mensaje (Boletín 7678-02) que establece un financiamiento plurianual para las Fuerzas Armadas. Tras ser despachado por la Cámara Baja, pasó a cumplir su segundo trámite, a la Comisión de Defensa, donde también fue respaldado en general. Por tratarse de un texto legal que aborda materias presupuestarias, pasó luego a la Comisión de Hacienda, donde se encuentra sin calificación de urgencia desde fines de 2012.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, en fecha 17 de mayo de 2011, confirma que el proyecto de ley tiene como objetivo establecer un nuevo sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, toda vez que el actual mecanismo, basado en la ley N° 13.196, presenta deficiencias desde el punto de vista del equilibrio que, a propósito del material bélico necesario para la defensa del país, debe existir entre el control que la democracia exige de la discusión parlamentaria.

Financiamiento actual

En el actual mecanismo de financiamiento a las Fuerzas Armadas, el Congreso está excluido de la discusión sobre adquisición de material bélico; las decisiones de adquisición de sistemas de armas están actualmente centradas en la interacción entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo, y vinculadas al precio del cobre.

El proyecto sostiene que el cambio de sistema no implicará mayor gasto ello porque “su objetivo es el cambio desde un sistema de financiamiento basado en un impuesto de afectación específica a uno basado en los recursos generales de la Nación. Esta innovación no tiene por sí misma efecto en el nivel del gasto militar del país. Tampoco lo tiene el hecho de que el presupuesto que se fije para desarrollar y mantener las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional se apruebe por el Congreso para cuatro años móviles”.

Para una fracción del gasto militar, no obstante, el proyecto de ley crea un piso, cuya determinación se basa en las soluciones estratégicas que desarrollará el Ministerio de Defensa y en la decisión de la autoridad civil respecto del grado de alistamiento básico que se considere necesario para las FF.AA. A pesar de ello, ese piso tiene como límite inferior el 70% del promedio de los gastos realizados durante la década de 2000 por las Fuerzas Armadas, en adquisiciones militares financiadas con la ley Nº 13.196 y en la operación de ese equipamiento (Art. 101, inciso segundo). Tal monto sería definido vía decreto conjunto de los Ministerios de Defensa y de Hacienda, y reemplazaría al que actualmente está fijado en la Ley Reservada del Cobre.

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