Parlamentaria requirió información sobre todos los episodios que han significado la contaminación de espacios que hoy son usados en forma recreativa por agrupaciones de deportistas náuticos. Ambientalistas denuncian incumplimiento de protocolos para prevenir a la población

Preocupada por la contaminación del borde costero es que la diputada Marcela Hernando (PR), en uso de la facultad que le confiere el artículo 9° de la ley N°18.918, ofició a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para que entregue información sobre el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Antofagasta, operada a través de un contrato que mantiene la empresa sanitaria Econssa S.A. con Sembcorp. La legisladora solicitó además a la institución fiscalizadora el detalle de cada vertimiento de aguas sin tratar directamente a la costa a través del emisario del sector de Las Petroleras.

Reiteración

La medida se fundamenta en los distintos incidentes registrados durante los últimos meses en el sector, situación continuamente alertada por los deportistas que frecuentan la zona, quienes han denunciado incluso el vertimiento de agua servida sin que se respeten los protocolos de aviso a la Armada, que es la institución encargada de decretar el cierre de la playa para no afectar a la población.

“Quisiera solicitar que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios por el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en Antofagasta, y también para que se informe de los episodios de emergencia del último año, y que han significado el vertimiento de aguas sin tratar directamente a la costa a través del emisario del sector de Las Petroleras”, indicó la congresista en sesión de la Cámara de Diputados.

Fiscalización

Con el fin de incentivar el rol preventivo y fiscalizador del Estado ante este tipo de amenazas de contaminación marítima es que Hernando presentó un proyecto de acuerdo que solicita al Ejecutivo ampliar las facultades de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), entidad encargada del resguardo de la jurisdicción chilena en el Pacífico.

Multas

En la misma línea de de proteger la salud de la población, así como la flora y la fauna marina del borde costero es que la legisladora presentó en una moción parlamentaria para modificar la Ley 18.892 sobre Pesca y Acuicultura, con el objetivo de aumentar hasta en 10 veces más el actual gravamen para empresas que viertan hidrocarburos y otros elementos dañinos para el entorno medio ambiental, llegando hasta 10.000 UTM y con posibilidad de pena aflictiva para quien resulte responsable.

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