Entre 1973 y 1990 el gobierno castrense publicó 57 leyes, 80 decretos y 27 decretos con fuerza de ley de carácter secreto o reservado, normativas que siguen vigentes según la Constitución.

Con el objetivo de cautelar el ejercicio de libre acceso a la información pública es que la diputada Marcela Hernando (PRSD) presentó ante la Cámara Baja un proyecto de acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo suspender la categoría de “secreto” a una serie de cuerpos jurídicos promulgados sin conocimiento de la ciudadanía. La medida apunta al período dictatorial comprendido entre los años 1973 y 1990, pero también busca evitar similar procedimiento para épocas posteriores.

Presupuesto militar

La parlamentaria por el Cuarto Distrito resaltó el carácter económico de muchas de las leyes de carácter reservado, mencionando el caso del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas. “No tiene por qué ser secreto, y además se presta para que exista desconocimiento incluso de algunos organismos y ministerios que tienen que estar involucrados en algunos temas”, indicó Hernando, quien pormenorizó que entre 1973 y 1990 la Dictadura Militar promulgó 57 leyes, 80 decretos y 27 decretos con fuerza de ley secretos.

Vigencia

En su fundamentación, el proyecto señala que la Constitución Política reconoce en su artículo octavo la posibilidad de que algunos actos de gobierno tengan el carácter de secretos o reservados, detallando que “sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

El documento enfatiza, no obstante lo explicado anteriormente, que la disposición Cuarta Transitoria de la Carta Fundamental establece que las leyes secretas previamente dictadas a la vigencia del mencionado artículo octavo deben entenderse vigentes, aunque no hayan sido aprobadas con quórum calificado en su oportunidad, lo que implica que las leyes secretas o reservadas se encuentran vigentes. “La idea es que exista una derogación de todas estas leyes y decretos leyes y eso es lo que se le está pidiendo concretamente a la Presidenta”, destacó Hernando.

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