Diputada Hernando presentó un proyecto de ley para que empresas renueven sus permisos ambientales cada cinco años

Compromisos jurídicos contraídos por el sector privado ante el Estado no dan cuenta de la obsolescencia tecnológica de sus instalaciones ante el paso del tiempo. Parlamentaria propone sustituir articulado de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente

Un proyecto de ley para que los megaproyectos empresariales deban renovar sus resoluciones de calificación ambiental (RCA) cada cinco años presentó la diputada Marcela Hernando (PR), en orden a revisar el funcionamiento de la actividad y actualizar sus medidas de protección para con su entorno. La legisladora, que integra la Comisión de Salud de la Cámara Baja, destacó en su iniciativa la fuerte exposición que tienen ciudades como Calama o Antofagasta a las externalidades negativas relativas a la explotación y/o transporte de minerales como el concentrado de cobre.

Concentrado de cobre

En la fundamentación de su iniciativa, Hernando recordó el caso de los proyectos “Terminal de Embarque de Graneles Mirenales – Puerto Antofagasta, II Región” (RCA N° 131/2013), y  “Sistema de Acopio de Concentrados – Puerto Antofagasta, Acopio de Concentrados  en Puerto Antofagasta” (RCA N° 12/2006), en los cuales la Superintendencia de Medio Ambiente detectó graves falencias, “iniciando acciones judiciales para dejar sin efecto dichas Resoluciones de Calificación Ambiental,  aunque no obteniendo una decisión judicial favorable”.

Actualización

“Habiendo avances tecnológicos que además van dejando obsoletas aquellas cosas que están propuestas por las empresas como formas de remediación lo que estamos proponiendo entonces es que cada cinco años se evalúe de oficio y obligatoriamente las tecnologías y que pueda hacerse una especie de ‘upgrade’ de todas estas resoluciones”, detalló la congresista al exponer las ventajas de una renovación constante de las resoluciones ambientales de las empresas

“En casos como la Comisión Investigadora de Santa Marta que acaba de terminar, una de las constataciones es que la Superintendencia de Medio Ambiente, cuando sanciona, esa sanción queda en suspenso y finalmente no se cancela y tampoco las multas en el caso de que la empresa proponga un plan de reparación, y eso hace entonces que las resoluciones de calificación ambiental puedan violarse cuantas veces se quiera por las diferentes industrias o las diferentes empresas sin que exista ni si quiera una sanción”, advirtió la médico cirujano.

Detalle

La diputada propone sustituir el actual inciso primero del artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que cualquier RCA aprobada por el Ministerio de Medioambiente deberá ser revisada de oficio por los órganos administrativos respectivos, cuando se cumpla el plazo de cinco años y en periodos sucesivos de 5 años para resoluciones ambientales que contemplen plazos mayores, “con el objeto de verificar que se cumpla la normativa medio ambiental vigente y lo dispuesto en la misma resolución”.