Convenio sujeto a cláusula de confidencialidad entre el Gobierno Regional y el Banco Estado permite al intendente hacer uso de 170 millones de pesos anuales para actividades culturales, sin rendirlos públicamente ni permitir la participación del CORE ni del escrutinio público. Parlamentaria evidencia falta de transparencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

Un oficio parlamentario consultando por la legalidad de una serie de disposiciones contenidas en un convenio secreto inter-administrativo entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el Banco del Estado de Chile presentó la diputada Hernando (PR), quien planteó una falta de transparencia en el manejo de fondos públicos. La petición de la legisladora, concretada en enero del presente año y hecha por vía reservada, apunta al incumplimiento de una serie de leyes relativas al sistema de propuesta pública y a la administración de recursos del Estado.

Secreto

“Hay una serie de fiscalizaciones y solicitudes que están pendientes por parte de Contraloría; en este caso se trata de una empresa estatal como es el Banco del Estado que habría hecho aportes sin control, en forma reservada y secreta al Gobierno Regional de Antofagasta para uso arbitrario, de libre disposición podríamos decirlo, y la verdad es que ya van varios meses y no nos han respondido”, advirtió Hernando, quien durante la última hora de incidentes de la Cámara de Diputados requirió un nuevo oficio dirigido al contralor Jorge Bermúdez, en orden a acelerar la respuesta a su denuncia.

Recursos

En su comunicación inicial a Contraloría, la diputada por Antofagasta adjunta el convenio entre ambas instituciones, firmado en febrero de 2015 por el intendente Volta y Jorge Cortés, subgerente de banca institucional del Banco Estado, en el que se consigna que durante su vigencia el Banco se obliga a entregar un aporte anual, no acumulativo, de una cantidad de $170 millones, “cuyo destino sea la realización de actividades culturales, sociales o recreativas”, bajo la modalidad de auspicio o patrocinio. El texto legal señala además que el GORE debe guardar absoluto “secreto” respecto de todas las operaciones y antecedentes que deriven de la ejecución del acuerdo, lo que se declara “inviolable”. “La infracción a esta cláusula, hará incurrir al Gobierno Regional en la obligación de restituir todas las sumas de dinero entregado a título de auspicios durante la vigencia del convenio, debidamente reajustadas”, aclara el convenio.

“El Gobierno Regional de Antofagasta ha pactado con el banco mantener esos fondos en la entidad financiera, sin incorporarlos a sus cuentas corrientes y por lo tanto dejándolos fuera de supervisión. A cambio de ello sólo acuerda cederle espacios para publicitar sus servicios. Con esta fórmula, conocida desde hace años entre los municipios, nada impide que el intendente determine, sin rendir gastos, en qué y a quién se paga con esos fondos”, advierte la congresista en su oficio.

Licitación

Hernando recuerda además que la propia Contraloría ha señalado en diferentes dictámenes que los Servicios Públicos deben utilizar preferentemente la licitación en el caso de seleccionar entidades bancarias para administrar recursos, señalando además que la renovación automática por cinco años del convenio contraría los dictámenes 46.746, de 2009 y 38.612, de 2013 de la institución, debido a que las cláusulas de renovación automática pugnan con el sistema de propuesta pública establecido en la normativa legal.

“Asimismo, se ha indicado que esas cláusulas se contraponen al principio de transparencia consagrado en los artículos 13 de la ley N° 18.575, 16 de la ley N° 19.880 y 5° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información -aprobada por el artículo  primero de la ley N° 20.285-, por cuanto por su intermedio la autoridad administrativa omite o evita la exposición de acuerdos reales o tácitos con su contraparte particular, en orden a mantener una situación fijada con anterioridad”, acota adicionalmente Hernando.

“Esto tiene jurisprudencia, tiene precedentes en el caso de los municipios. Hay una situación que es bastante similar desde el punto de vista del derecho administrativo, así es que lo que hemos hecho es reiterar la solicitud para que  se apresure el fallo”, enfatizó la diputada.

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