Asentamientos irregulares llegan a casi 40 en la comuna, existiendo un déficit habitacional de 22.365 viviendas en la región

Informar qué medidas de control tomará la Subsecretaría de Prevención del Delito para evitar nuevos casos de homicidio en los campamentos de Antofagasta solicitó la diputada Marcela Hernando (PRSD) a través de un oficio parlamentario. La medida, enmarcada en la facultad fiscalizadora de la parlamentaria, es parte de una serie de gestiones para sensibilizar a las autoridades centrales sobre la delicada situación derivada de la explosiva aparición de viviendas irregulares en los sectores altos de la ciudad.

Hacinamiento

La congresista, quien es miembro titular de la Comisión de Superación de la Pobreza de la Cámara Baja, expuso en su comunicación al subsecretario Frey los últimos hechos de violencia ocurridos en la capital regional, que en un poco más de un mes han significado la muerte de cuatro ciudadanos extranjeros. “Cuando comenzamos con las advertencias el año 2014 a propósito de la explosión que estaba ocurriendo en materia de campamentos en Antofagasta previnimos que esas condiciones de hacinamiento, de viviendas precarias y no tan precarias, conviviendo con poblaciones que están instaladas hace mucho tiempo allí, favorecería entre otras cosas la comisión de delitos”, advirtió Hernando.

Urgencia

La representante del Cuarto Distrito reiteró que viene advirtiendo hace tiempo a las autoridades sobre el descontrol existente en temáticas relativas a la seguridad social y sanitaria, derivadas de la explosiva proliferación de tomas y campamentos. “Yo diría que las condiciones que se están dando ya no pueden esperar a que se hagan más estudios o que el gobierno espere para reaccionar, y por eso hemos oficiado adjuntando además toda la información que poseemos al respecto”, declaró la diputada.

Déficit de vivienda

En su oficio parlamentario Hernando señala además que la cantidad de campamentos repartidos a lo largo del territorio comunal ha aumentado en un 50% en los últimos cuatro años, llegando a 34 en el mes de junio, cifra en progreso. “Es importante señalar que según la Encuesta Casen 2013, la región presenta un déficit habitacional de 22.365 viviendas, por ellos las familias han optado como alternativa vivir de manera ilegal en tomas de terreno”, acota el documento.

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