Consejo de Defensa del Estado entabló un juicio penal por irregularidades en la ejecución de un programa en beneficio de pequeños productores. Monto con problemas en rendición asciende a unos $1.000 millones.

La diputada Marcela Hernando (PR) solicitó al Consejo de Defensa del Estado detalles sobre una querella por Fraude al Fisco interpuesta por el organismo contra Rodrigo Mendiburu, ex seremi de Minería del gobierno de Sebastián Piñera y Erik Díaz, representante legal de la empresa Celsus Management Consultores. La demanda, que permanece en el Juzgado de Garantía local, fue hecha tras detectarse serias irregularidades en la ejecución del programa de Fomento a la Minería, FONMIN, “Transferencia Fomento Productivo Seguro de la Pequeña y Micro Minería Artesanal”, ejecutado entre 2012 y 2013.

Origen

El programa tuvo su inicio en la resolución Nº 54, de 28 de mayo de 2012, del Gobierno Regional de Antofagasta, la cual aprobó un convenio de transferencia de recursos suscrito con el FOSIS de Antofagasta para beneficiar a la mediana y pequeña minería de la región con inversiones en seguridad minera y salud ocupacional, correspondientes a maquinaria, elementos de protección personal y la compra e instalación de baños y campamentos, entre otras.

“Estamos fiscalizando una situación antigua, de la anterior administración del gobierno regional que tuvo un convenio con el FOSIS; proyecto que era de la seremía de Minería y que tenía que ver con algunos aportes para los pequeños mineros, pirquineros de la región, a los que se les iba aportar una serie de implementos, fundamentalmente unos campamentos para mejorar su habitabilidad y sus condiciones de trabajo en los pirquenes”, señaló Hernando, quien tras oficiar al CDE se reunió con el abogado procurador de la institución a nivel regional, Carlos Bonilla. La parlamentaria sostuvo posteriormente una cita con el fiscal regional, Alberto Ayala, y con el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Sergio Muñoz.

Querella

El proceso judicial comenzó luego de que la Contraloría Regional conociera una seguidilla de trámites de dudosa legalidad, entre los que se cuenta la existencia de cotizaciones posteriores a ordenes de compra; participación de la empresa antes de adjudicar y contratar sus servicios; e incluso la devolución de las garantías aportadas por la empresa sin acreditar el total cumplimiento de sus obligaciones.

“La verdad es que de esto hay más de 1.000 millones de pesos comprometidos y ejecutados; una empresa que licitó, que se adjudicó, y que ha dado origen a una serie de investigaciones por parte de Contraloría. Contraloría envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y entonces les estoy pidiendo cuenta de qué es lo que ha pasado con eso”, advirtió la congresista.

Irregularidades

Un informe de investigación especial, elaborado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Antofagasta, y fechado en mayo de 2015, determinó que la cotización técnica y económica de los campamentos mineros adquiridos carecía de formalidades tales como el monto exigido por el proveedor y las características técnicas del producto ofertado.

Contraloría determinó además que no todos los campamentos fueron instalados, permaneciendo la infraestructura expuesta a la intemperie y en estado de deterioro. “Se verificó que mediante la resolución exenta N° 243, de 2013, el FOSIS de Antofagasta declaró terminado el proyecto denominado ‘Programa Transferencia Fomento Productivo Seguro de la Pequeña y Micro Minería (Artesanal)’, y se resolvió devolver las garantías aportadas por la empresa consultora, en circunstancias que no se acreditó el total cumplimiento de las obligaciones de esta, y del objetivo del programa”, advierte la investigación.

Ex seremi

El documento constata la existencia de una cotización emitida a nombre del ex SEREMI de Minería de Antofagasta y otra extendida en fecha posterior a la emisión de la orden de compra y a las facturas del proveedor que proporcionó los campamentos, “lo que deja en evidencia la falta de adopción del procedimiento que al respecto exigían las bases administrativas del programa”.

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