Diez meses en su primer trámite constitucional cumplirá el proyecto ingresado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, iniciativa que debió sortear casi seis meses de discusión y más de 100 indicaciones previo a su aprobación en la Comisión de Salud. Hoy es discutido bajo una óptica esencialmente jurídica y cuenta con urgencia simple hasta fin de mes.

Interesada en escuchar todos los argumentos de los expertos en el avance del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, se manifestó la diputada Marcela Hernando (PR). La médico cirujano, quien asistió a la última sesión de la Comisión de Constitución de este martes, donde se retomó la discusión de la iniciativa, coincidió con la opinión de su presidente, Leonardo Soto (PS), descartando que se quiera eternizar la discusión del proyecto.

Discusión

“En Salud tuvimos una cantidad importantísima de audiencias y además de muchos expertos que vinieron a conversar con nosotros. En la Comisión de Constitución, que es donde se encuentra en este minuto alojado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, están debatiendo sobre temas que son más puramente jurídicos y del derecho, aún cuando está presente lo moral”, resaltó la congresista por Antofagasta a propósito de la invitación que hizo la instancia a los expertos constitucionalistas, Lidia Casas y José Luis Cea. Todos tienen diversas posturas en torno al proyecto.

Plazos

El proyecto actualmente cuenta con urgencia simple, la que vence a fin de mes, por lo que la Comisión deberá buscar fórmulas para poder cumplir con su tramitación en un período óptimo, y escuchando a todas las partes. La diputada Hernando indicó que la discusión desde una perspectiva jurídica viene a complementar lo desarrollado desde un cariz médico, “Y desde ese punto de vista son argumentos diferentes a los que escuchamos en nuestra comisión y por lo tanto para mí resulta tremendamente enriquecedor el escuchar este mismo proyecto mirado desde otra perspectiva”.

Violación

La causal más discutida del mensaje presidencial ingresado por el gobierno es la relacionada con la posibilidad de interrumpir el embarazo tras una violación. El proyecto original contemplaba 18 semanas de gestación para que las niñas menores de 14 años pudieran interrumpir su embarazo, pero finalmente los parlamentarios de la Nueva Mayoría llegaron a un acuerdo para respaldar la indicación presentada por los diputados de la Democracia Cristiana para rebajar el plazo a 14 semanas.

La mayoría de los parlamentarios que aprobaron la tercera causal en la Comisión de Salud rechazó la argumentación de la derecha sobre que la despenalización obstaculizaría la persecución penal del delito de violación, recordando que este es un delito de acción pública y que existe la obligación de denuncia, y que además se encuentra regulado por otra ley.

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