Diputada Marcela Hernando: “Tengo que decir que están respetadas todas aquellas cosas que estaban en el primer protocolo de enero”

Parlamentaria del Partido Radical puso en duda si instituciones no confesionales, pueden declararse objetoras de conciencia.

Este fin de semana se conoció el nuevo reglamento de objeción de conciencia para la Ley de Interrupción del Embarazo en Tres Causales, luego de casi dos meses del pronunciamiento de Contraloría que declaró ilegal el protocolo emitido en marzo por el Ministerio de Salud y que reemplazó al primer protocolo que el gobierno anterior publicó en enero de 2018.

El nuevo reglamento fue analizado por la diputada Marcela Hernando, quien fue la encargada de interpelar al ministro de Salud, Emilio Santelices, por los cambios que éste introdujo al protocolo de enero y que trasgredía el espíritu de la ley tal como lo confirmó Contraloría.

“Tengo que decir que en principio están respetadas todas aquellas materias que estaban dichas en el primer protocolo, hay algunas que están redactadas muy parecidos o al revés, dando a entender lo mismo, respecto al primer protocolo del mes de enero”, indicó la diputada Hernando. 

Sin embargo, la congresista por la Región de Antofagasta, planteó sus dudas sobre la objeción de conciencia institucional, en cuanto a que “no exige el que sea una razón confesional, o de fe o religiosa. Se establece que van a tener que estar presentados los estatutos de la institución, que tiene que estar el acta de acuerdo del directorio donde esa institución tomó la decisión de ser objetora de conciencia, sin embargo, no aparece mencionado el que sean razones de fe y eso a mi me hace dudar respecto a instituciones como por ejemplo la Clínica Indisa, en términos de declararse objetora de conciencia sin tener ninguna razón confesional”.

Uno de los temas más controvertidos, es el si las instituciones privadas que se declaren objetoras de conciencia, pueden recibir recursos del Estado para prestaciones ginecológicas y de obstetricia, a través del Decreto Fuerza Ley (DFL) Nº 36. 

Al respecto la parlamentaria aclara que “está puesto de la misma manera como está en el protocolo del gobierno de Bachelet, en términos que todas las instituciones van a poder mantener los DFL 36, siempre y cuando no tengan compromisos con prestaciones gíneco obstétricas para esos convenios”.