Diputados presentan proyecto que clarifica sanciones a quienes agredan a personal de salud

Gremios reclaman indefensión ante un fenómeno cada vez más recurrente en establecimientos públicos

Los diputados Felipe Letelier (PPD) y Marcela Hernando (PRSD), acompañados de dirigentes de la Asociación de Profesionales de la Salud y funcionarios víctimas de violencia y amenazas de muerte, ejercidas por pacientes, sus familiares o acompañantes mientras ejercían sus funciones, presentaron un proyecto de ley para especificar e incrementar las sanciones a quienes agredan verbal y físicamente al personal de salud.

La iniciativa agrega un inciso final al artículo 35 de la ley 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes estableciendo que “si el integrante del equipo de salud sufre una agresión física o verbal por parte de quien recibe o solicita atención de salud, sus familiares o cualquier otro u otros que le acompañen, y que producto de ello resulte inhabilitado total o parcialmente para ejercer sus funciones, se le aplicará al agresor las sanciones establecidas en el artículo 397 del Código Penal, aumentadas en un grado”.

Falencia legal

“Este proyecto nace debido a que en la actual ley 20.584 no se especifica a ciencia cierta una sanción real a quienes agraden al personal, ya que sólo se limita a señalar que el encargado del centro (en el cual ocurra la agresión) podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública para impedir el acceso al infractor, sin perjuicio de las demás sanciones penales y civiles que correspondan”, explicó el diputado Letelier.

“La idea de esta iniciativa no es sobrepasar los derechos de otras personas, en este caso la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes que se está modificando con esta iniciativa, sino más bien, lo que se está solicitando son sanciones más duras y estrictas a quienes agredan a funcionarios de la salud, de manera de impedir o prevenir este tipo de agresiones”, advirtió la diputada Hernando.

Modificación

Esta ambigüedad en el castigo, aclaran los parlamentarios, genera indefensión al personal de salud, lo cual buscan remediar estableciendo sanciones claras y concretas a los infractores, con penas efectivas que impongan coercitivamente un deber de conducta entre los pacientes, sus familiares y otros presentes. Las penas de acuerdo a esta nueva iniciativa de ley irían desde los 541 días de presidio menor en grado medio, hasta 10 años de presidio mayor en grado medio.

Gremios

Verónica Ayala, dirigente de la Asociación gremial de profesionales no médicos de la Salud indicó que la situación de agresión por parte de pacientes o familiares no es menor, ocurriendo en muchas oportunidades. “Cuando algún funcionario recibe algún tipo de agresión no ocurre nada y significa un desmedro de su actividad laboral ya que terminan siendo víctimas de una situación estresante que afecta su vida no solo profesional, sino también personal. Lo que esperamos con esta iniciativa legal es que los funcionarios estén protegidos”, declaró.