Estándar de la OMS indica por ejemplo la necesaria existencia de una autoridad independiente para supervisar hospitalizaciones involuntarias y otras restricciones de derechos, temática no desarrollada en el país.

Dos proyectos de ley para garantizar el tratamiento de la salud mental en Chile presentó la diputada Marcela Hernando (PR), en orden a focalizar los esfuerzos del Estado en su activa prevención y tratamiento. Una de las iniciativas integra el derecho a la protección de la salud mental en la Constitución de la República, mientras que la otra moción explicita un catálogo de derechos fundamentales para los pacientes aquejados por un problema psíquico.

“Existe consenso en el país respecto de la deficiencia que tenemos en materia de salud mental, y hoy día es una preocupación para todo el mundo, porque tiene que ver con ámbitos no solamente de salud y del Ministerio de Salud sino que también del trabajo y de lo que nos está pasando como sociedad”, explicó la congresista, quien es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Constitución

Hernando, quien es médico cirujano, propone modificar el inciso primero del artículo 19 número 9 de la Constitución, agregando la distinción “física y mental” luego del párrafo que consagra el derecho a la protección de la salud.

En la fundamentación de su propuesta, la parlamentaria cita entre varias fuentes el Informe “Avanzando al desarrollo de una propuesta de Ley de Salud Mental en Chile: marco legislativo de promoción y protección de los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo”, publicado por la Universidad Católica en 2014, el cual consigna la precaria situación de la legislación actual para brindar una efectiva protección a las personas con una aflicción de este tipo.

Catálogo de derechos

En su segunda iniciativa, Hernando propone la creación de un Catálogo de Derechos Básicos de los Pacientes de Salud Mental, el que considera 15 compromisos del Estado para con los pacientes, como el derecho a recibir una atención especializada e interdisciplinaria o a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales contempladas en la ley.

“Esperamos que exista apoyo por parte del Ministerio de Salud; hemos conversado con la ministra, y ella se ha manifestado con la intención de ojalá tener una contraparte en el parlamento preocupada de estos temas, porque la verdad es que ha habido un vacío”, acotó la parlamentaria.

La diputada indica además en su texto que la hospitalización no voluntaria en Chile se desarrolla a través de normas reglamentarias, y no establece límites de tiempo sino que entrega discrecionalmente la decisión al médico tratante, resaltando que los estándares de la OMS indican que debe existir una autoridad de orden judicial o cuasi judicial para supervisar las restricciones a los derechos fundamentales.

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